28 Julio de 2011

El Estado no debe abdicar

Destacado: 

El Estado no puede abdicar en manos privadas la ejecución de las penas y medidas de seguridad
Es el Estado el responsable de la custodia de los menores porque la Administración de Justicia no es un mero servicio público
El ideal inabdicable de reinserción social, constitucionalmente consagrado, no puede ser cedido, sin consecuencias perversas, a terceros.

Viene de lejos la polémica sobre cual debe ser la dimensión del Estado. Pero, para cualquier persona capaz de mirar la historia al margen de prejuicios, resulta evidente que la ausencia del Estado, que puede tener su más triste ejemplo en los abusos respecto de los trabajadores –incluidos mujeres y niños- tras la revolución industrial; o la omnipresencia del Estado, que incide incluso en la intimidad de las personas y que se ha traducido en sistemas totalitarios abiertamente indeseables, no son las fórmulas más idóneas de establecer los límites de dicha dimensión.

De otra parte, de la concepción monárquica o aristocrática de la Administración de Justicia se ha pasado a una concepción, no ya pretendidamente democrática, sino claramente instrumentalista del valor de la Justicia, conforme a la cual la Administración de Justicia es un puro servicio público, sin más matices. Con esto se confunde la idea de que ningún poder del Estado en un Estado Democrático de Derecho puede ser un valor autorreferencial, esto es, que los poderes del Estado se deben al ciudadano y no a sí mismos, con la idea de la Justicia, no como valor superior, sino como valor instrumental al servicio de los más variados intereses. Que la Administración de Justicia debe dirigirse al bien común de los ciudadanos y no al prestigio o al interés o vanidad de los jueces, es innegable. Que no se trata de un servicio público como el transporte o la telefonía que pueden gestionarse directamente por el Estado o, sin que ello afecte a su misma esencia, por empresas mixtas o por empresarios privados, previa licencia, también parece indiscutible. De lo contrario no tendría sentido ligar la Administración de Justicia a uno de los poderes clásicos del Estado (el judicial).
Viene esto a cuento de que la ejecución de las penas y las medidas de seguridad no pueden considerarse ajenas a una idea mínima de la dimensión del Estado. El Estado no puede abdicar en manos privadas la ejecución de dichas penas y medidas. La opción presente en algunos países por cárceles privadas, concebidas incluso como negocio para el empresario al que se beneficia con la concesión y para el Estado concedente, es incompatible con la idea de un Estado de Derecho democrático y social. Que la sustitución de las penas por medidas de seguridad o la suspensión de las penas bajo condiciones de tratamiento signifiquen en España que la iniciativa de asociaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, o instituciones enlazadas con las confesiones religiosas sean prácticamente las únicas que ofrezcan un tratamiento en régimen de internado, (el único que garantiza en un principio la salida de un ambiente facilitador del consumo) a alcohólicos y toxicómanos, debe calificarse simplemente como una vergüenza.

Sabido es que el Tribunal Constitucional ha interpretado el artículo 25 de la Constitución en el sentido de que la reinserción no es el único fin de las penas y medidas de seguridad, y que junto a él deben considerarse otros como la prevención general o especial. Admitámoslo, pero siempre y cuando se reconozca que el artículo 25 de la Constitución obliga, al menos, a intentar, seria y responsablemente, que nadie que sufre una pena o medida de seguridad privativa de libertad termine su cumplimiento en peores condiciones de reinserción de aquellas en que lo inició.
Si ya es triste que el Estado haya abdicado de la ejecución de medidas de seguridad respecto de los mayores de edad, hasta el punto de que, cuando es necesario el internamiento, sea inútil acudir a las Administraciones Públicas, sería simplemente trágico que el Estado abdicara, una vez más, de su responsabilidad respecto de los menores. Las medidas de seguridad previstas en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, son consecuencia de una resolución dictada por uno de los poderes del Estado (el Poder judicial), al que corresponde hacer ejecutar lo juzgado conforme al artículo 117.3 de la Constitución. Esto no significa que se encargue a los jueces la custodia de los menores, como no se les encarga la custodia de los presos en el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria. Pero sí significa que es el Estado, a través de las distintas Administraciones públicas, el responsable de dicha custodia, precisamente porque la Administración de justicia no es un mero servicio público susceptible de gestión (como los taxis o las líneas de autobuses) por empresas privadas, y porque el ideal inabdicable de reinserción social, constitucionalmente consagrado, y especialmente reforzado en el caso de los infractores penales más jóvenes, en cuanto afecta a la sociedad entera, no puede ser cedido, sin consecuencias perversas, a terceros ajenos a la representación democrática de dicha sociedad.  Puede oponerse que cabe el control, mediante la tutela administrativa, de la gestión de entidades privadas. A ello ha de replicarse, en el orden teórico, que la tutela administrativa está pensada para el control de Administraciones Públicas Territoriales sobre Administraciones Públicas institucionales o no territoriales; y, en el orden práctico, que la experiencia demuestra la ineficacia de esta tutela, subordinada, más de una vez, a costes económicos, simpatías políticas o inexistencia de pluralidad de opciones.

Fuente: 
CANIJÍN
Enviado por: 
LUIS SAN JUAN
Por: 
Arturo Beltrán

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